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Derecho de tierra y titulo nativo

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Derecho de Tierra Indígena y Título Nativo

El Gobierno de Australia reconoce la afinidad única que los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres tienen con la tierra y la importancia que esta tiene para su desarrollo social y cultural y, particularmente en las áreas no urbanas, para su propio desarrollo económico.

El Gobierno mantiene su compromiso de asegurar que se otorguen las oportunidades apropiadas a los indígenas para que tengan acceso y posean tierras con las que tienen una continua y tradicional asociación o que pueda ayudarlos en su continuo desarrollo social, cultural y económico.

Desde comienzos de los setenta el Gobierno australiano comenzó a comprar terrenos privados (especialmente en zonas rurales) para beneficio de las comunidades indígenas. El Gobierno Federal y los gobiernos estatales también comenzaron a legislar para devolver algunos territorios de la Corona a las comunidades indígenas y a permitir las demandas con respecto a los mismos. La Ley sobre Derechos de Tierra Indígena (Territorio del Norte) de 1976 es el mejor ejemplo conocido y que tuvo como resultado el hecho de que casi el 50% de los terrenos del Territorio del Norte son de propiedad colectiva de indígenas.

El Gobierno continúa también apoyando las operaciones del Fondo de Tierras Aborígenes y de los Isleños del Estrecho de Torres (Fondo de Tierras) y de la Corporación de Tierra Indígena (ILC, por sus siglas en inglés), que asisten a las comunidades indígenas para que adquieran y manejen tierras. El Fondo de Tierras tiene un capital base de aproximadamente AUD$1,400 millones para ayudar a los pueblos indígenas a adquirir y manejar tierras en reconocimiento del hecho de que muchos de ellos han sido despojados y alejados de sus tierras tradicionales y no han podido hacer valer sus derechos de título nativo.

Actualmente, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres (que representan sobre el 2% del total de la población australiana) poseen o controlan cerca del 15% del continente australiano, principalmente como resultado de los mecanismos de derechos de tierra estatutario que preceden al reconocimiento del título nativo. Ello excede 100 millones de hectáreas - un área mayor que el territorio de Francia y España combinados.

Título Nativo

La resolución del caso Mabo v Queensland (No. 2) de la Suprema Corte de Australia fue un parte aguas para la ley Australiana. El caso se enfocaba en los derechos legales de propiedad que la población Meriam tenía sobre los territorios de las Islas Murray en el Estrecho de Torres. La Suprema Corte de Australia determinó que el derecho común australiano reconocía una forma de título nativo de propiedad que se determina de acuerdo con las leyes y costumbres indígenas tradicionales. Al hacer esto, la Suprema Corte rechazó la idea de que Australia era terra nullius, o tierra de nadie, al momento de la colonización británica.

En el caso Mabo, así como en algunas resoluciones más recientes, la Suprema Corte de Australia ha otorgado al Título Nativo la característica de que las tierras sean posesión de una comunidad o un individuo, siempre dependiendo del contenido de las leyes y costumbres tradicionales, incapaz de ser enajenado pero sometido a la Corona, y pudiendo cubrir distintos tipos de derechos de acceso y utilización e incluso de derechos de posesión exclusiva. Los derechos e intereses de los títulos nativos están basados en las leyes y costumbres anteriores a la adquisición de soberanía por parte de los británicos, es decir, no son derechos que sean otorgados por el gobierno como los derechos territoriales estatutarios que se encuentran en los la Ley sobre  Derechos de Tierra Indígena (del Territorio del Norte) de 1976. Los derechos e intereses de título nativo pueden existir tanto en territorios como en extensiones de agua, siempre y cuando que éstos sean consistentes con otros derechos que se establezcan por ley o por una acción ejecutiva.

El fundamento legal para la protección y reconocimiento del título nativo está contenido en la Ley de Título Nativo de la Comunidad de Australia de 1993. A través de esta ley, el sistema legal australiano reconoce que el título nativo existe cuando:

  • Los derechos e intereses de posesión derivan de las leyes y costumbres tradicionales que aún son reconocidas y observadas por los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres.
  • Mediante esas leyes y costumbres, los aborígenes e isleños del Estrecho de Torres tengan un vínculo con el territorio y las extensiones de agua de Australia.
  • Los derechos e intereses de titulo nativo estén reconocidos por el derecho común australiano.

La Ley de Título Nativo establece los procesos de determinación de aquellas circunstancias en la que el titulo nativo existe, y en ella también se definen cómo pueden llevarse a cabo actividades futuras que pueden tener un impacto en el título nativo, y cómo se puede compensar a las personas cuando el título nativo se extinga o invalide. Esta ley otorga a los indígenas australianos que posean derechos e intereses de titulo nativo, o a aquellos quienes hayan hecho un reclamo de titulo nativo, el derecho a ser consultados, y en algunos casos a participar en las decisiones acerca de las actividades que se proponen para ser llevadas a cabos en determinado territorio. Con esta ley, los indígenas australianos han sido capaces de negociar beneficios para sus comunidades, incluyendo oportunidades de empleo y protección de su herencia aborigen.

La Ley de Título Nativo sirve también como un marco legal para el reconocimiento y operación de cuerpos representativos que proporcionarán servicios a aquellos que reclamen o posean un título nativo. El gobierno de Australia también proporciona un financiamiento importante para resolver asuntos de titulo nativo de acuerdo con la Ley de Título Nativo de 1993, y este financiamiento se hace extensivo tanto a los cuerpos de representación de título nativo, al Tribunal Nacional de Título Nativo y a la Corte Federal.

Los indígenas y otros grupos con intereses de titulo nativo, incluyendo a la Mancomunidad de Australia, a los gobiernos estatales y territoriales, a los mineros y a los ganaderos, están tratando asuntos concernientes a títulos nativos cada vez con más frecuencia a través de la negociación y el acuerdo. La terminación de los Acuerdos de Utilización de Tierras Indígenas incrementa aún más el número de mecanismos de consenso existentes, y la determinación de solicitudes de títulos nativos por consentimiento son cada vez más comunes. También es notable el aumento de familiaridad existente con todos los aspectos y procesos de la Ley de Título Nativo.

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